La medida impulsada por el Ejecutivo, que eliminó el Certificado de Bienes Usados (CIBU), enfrenta un fuerte rechazo legislativo que busca proteger la industria nacional y el empleo.
En un plenario clave de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Comercio de la Cámara de Diputados, se emitió dictamen de mayoría a favor de la derogación del Decreto 273/25, el cual habilitó la importación irrestricta de maquinaria usada.
El proyecto de derogación (Expediente 5216-D-2025) obtuvo 27 firmas, superando ampliamente los dos dictámenes de minoría: uno de rechazo con 19 firmas y otro con 3 adhesiones. De ser aprobado en el recinto, se restituirá el régimen anterior que exigía el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) y otros controles técnicos preventivos.
Los impulsores de la derogación, encabezados por el diputado Jorge Neri Araujo Hernández (Unión por la Patria), sostienen que la normativa del Ejecutivo «elimina herramientas esenciales para proteger la producción local, el empleo y la seguridad industrial». El dirigente metalúrgico Abel Furlán (UOM) advirtió que la medida «desprotege al sector de maquinaria agrícola», uno de los de mayor integración y generación de empleo calificado.
Desde el sector empresario, el presidente de CAFMA, Hernán Zubeldía, alertó sobre la posibilidad de repetir la historia de cierres de fábricas de los años 80 y 90, instando a restablecer los controles previos. Federico Zerboni, de MAIZAR, sintetizó el desafío: «renovar sin destruir la industria local».
En defensa del decreto, funcionarios del Ministerio de Economía lo presentaron como una herramienta para facilitar la renovación del parque de maquinaria ante la falta de financiamiento local. Pablo Agustín Lavigne, secretario de Coordinación y Producción, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación Económica, aseguraron que busca «liberar trabas» para mejorar la productividad y reducir costos en un contexto de estancamiento. El diputado Santiago Pauli (La Libertad Avanza) añadió que la medida «reduce burocracia y promueve la competitividad», sin eliminar los controles, que pasarían a ser posteriores.
El dictamen de mayoría pasará a ser tratado en las próximas sesiones de la Cámara Baja. La votación se perfila como una prueba clave sobre el rumbo de la política productiva nacional, en medio de una agenda legislativa cargada que incluye la discusión del Presupuesto 2026. Para los sectores industriales y gremiales, la decisión parlamentaria definirá si se prioriza la apertura irrestricta o la defensa de la industria local.
