La normativa, diseñada de forma conjunta por el Consejo Asesor Fitosanitario, busca regular la aplicación de agroquímicos basándose en recomendaciones técnicas de organismos nacionales.
El territorio entrerriano ya cuenta con la plena vigencia de un nuevo protocolo fitosanitario de cumplimiento obligatorio, luego de recibir la aprobación final del Consejo Asesor Fitosanitario. Esta medida tiene como propósito central asesorar a la Autoridad de Aplicación y a los poderes públicos en el cumplimiento de las normativas ambientales y productivas de la provincia. El documento definitivo fue el resultado de un intenso trabajo desarrollado durante todo el año pasado y terminó de consolidarse formalmente el 10 de diciembre de 2025, durante una sesión clave celebrada en el Museo de Ciencias Naturales Antonio Serrano de la ciudad de Paraná.
La base técnica de este protocolo se sustenta en normativas y manuales preexistentes de organismos oficiales tanto de la Nación como de la provincia. Entre los principales lineamientos considerados se encuentra la Resolución Conjunta N° 1/2018 de los antiguos Ministerios de Agroindustria y de Ambiente de la Nación, además de los manuales de uso responsable y buenas prácticas agrícolas redactados por entidades de peso en el sector como el INTA, el Senasa, el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe). A estas estructuras técnicas se sumaron los aportes y debates de los distintos sectores que componen el Consejo.
Respecto a la conformación de este espacio multisectorial, la presidencia está a cargo del ministro de Desarrollo Económico provincial. El debate y la toma de decisiones integran de forma directa a las carteras de Salud, la Secretaría de Ambiente, el Consejo General de Educación de Entre Ríos y la Secretaría de Gobiernos Locales, garantizando la presencia del Estado en sus distintas áreas involucradas.
Por otro lado, el ámbito académico, productivo y social cuenta con una amplia representación para equilibrar las decisiones. El Consejo incorpora a delegados de las facultades de Ciencias Agropecuarias de la región, técnicos del INTA, miembros del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, representantes de organizaciones de productores, aplicadores y expendedores de productos fitosanitarios. Finalmente, el diseño de la norma también incluyó la perspectiva del sector laboral y civil, sumando a los sindicatos de trabajadores rurales, gremios docentes y organizaciones ambientales no gubernamentales.
