A través de un decreto del Poder Ejecutivo, el Estado también dejó sin efecto una iniciativa que promovía la producción de gusanos de seda, y otras que fomentaban la crianza de cabras y de búfalos.
La “motosierra” desreguladora del Gobierno sigue encendida y sus recortes tienen un efecto directo en el campo y la agroindustria.
Este miércoles, otra novedad al respecto fue la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar en la disolución de una serie de políticas de fomento a distintas actividades agropecuarias, fundamentalmente ganaderas.
En concreto, como aspecto más importante, disolvió el régimen de promoción de la ganadería ovina, pero también avanzó en el mismo camino con relación a otros programas, como uno que fomentaba la producción de gusanos de seda, y otros que apuntaban a reforzar la crianza de cabras y de bífalos.
UN AGRO MÁS “DESREGULADO”
En concreto, con la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el decreto 408/2025 dispuso las siguientes disoluciones:
- El Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, instituido por el artículo 1° de la Ley N° 25.422 y sus modificatorias.
- La Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), creada por el artículo 9° de la Ley N° 25.422 y sus modificatorias.
- El Programa de Promoción y Producción del Gusano de Seda, creado por el artículo 1° de la Ley N° 25.747.
- El Registro Nacional de Sericicultura, creado por el artículo 4° de la Ley N° 25.747.
- El Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, instituido por el artículo 1° de la Ley N° 26.141.
- La Comisión Asesora Técnica (CAT) del Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, creada por el artículo 9° de la Ley N° 26.141.
- El Régimen de Promoción de la Ganadería Bovina en Zonas Áridas y Semiáridas, creado por el artículo 1° de la Ley N° 27.066.
- El Programa para el Fomento y Desarrollo de la Producción de Bubalus Bubalis o Búfalos de Agua, creado por el artículo 1° de la Ley N° 27.076.
- El Consejo Federal Bubalino, creado por el artículo 6° de la Ley N° 27.076.
Además, se derogan las leyes 25.422 y sus modificatorias, 25.747, 26.141, 27.066 y 27.076.
LOS FUNDAMENTOS
Como en la mayoría de estas medidas “desreguladoras”, el Gobierno se ampara en los postulados del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido en diciembre de 2023, y que sentó las bases de lo que pretende la Casa Rosada: “liberar” la actividad privada del control estatal.
Y agrega que “dentro de las notas características de dicha actividad se destaca que la misma es llevada a cabo por la Administración Pública con el propósito de satisfacer las necesidades de interés público por las que ha sido creado, siendo a su vez responsable por el control de la actividad que se fomenta”.
Asimismo, menciona que los mencionados regímenes fueron diseñados en un escenario productivo, institucional e histórico muy diferente al actual.
“En este contexto, en el que las políticas del Gobierno Nacional se orientan a reducir la intervención estatal y a maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, se vuelve imperioso revisar aquellas funciones que pudieran resultar redundantes o superpuestas, con el fin de asegurar una asignación más racional, eficiente y focalizada de los recursos públicos”, completan desde el Estado.
El decreto completo se puede ver aquí: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/327092/20250618
LA VISIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Tras la publicación del decreto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación amplió sobre cuáles fueron los motivos que llevaron a la decisión de disolver estos programas.
“Las condiciones que dieron origen a los mismos cambiaron de manera sustantiva y se hace necesario avanzar hacia esquemas de fomento más integrales, flexibles y orientados a resultados“, describió en un comunicado
Respecto al régimen de la ganadería ovina y de llamas (Ley Nº 25.422), repasó que fue implementado en el 2001, luego prorrogado en diversas oportunidades y funcionaba con un esquema de financiamiento basado en Aportes Reintegrables y No Reintegrables, “que ya no se considera propicio, ni tampoco eficiente”, consideró.
Por eso, “hoy se busca generar líneas de crédito y financiamiento desde el sector privado y no recurrir a esquemas de subsidios públicos”, añadió.
En relación a la ganadería caprina (Ley Nº 26.141), el esquema de promoción sancionado en el 2006, con el propósito de fomentar a este sector en Argentina, impulsó proyectos productivos, buscó contribuir a la formalización de organizaciones de base y facilitó ciertas mejoras en la sanidad, comercialización y manejo del rodeo caprino.
“Sin embargo, pese a estos esfuerzos puntuales, la evolución reciente del régimen revela una pérdida de dinamismo y una limitada capacidad de transformación estructural del sector. Además, actualmente no se ejecutaba”, citó.
La misma lógica -siempre según la versión oficial- se aplica en el caso de la ganadería bovina de zonas áridas (Ley Nº 27.066) y la bubalina (Ley Nº 27.076).
“La existencia de esquemas de financiamiento, diferenciados exclusivamente por características agroecológicas como la condición de aridez o semiaridez, puede actuar como un factor desarticulante de las cadenas ganaderas, al tiempo que dificultan la construcción de una estrategia coherente e integrada para el sector”, remarcó.
En definitiva, para la mirada del Gobierno, “la promoción del desarrollo productivo no puede basarse indefinidamente en mecanismos de subsidio o transferencia directa, sino que debe orientarse hacia la generación de condiciones estructurales que permitan a los sectores crecer de forma sostenible, con mayor autonomía y capacidad de competir en el mercado”, enfatizó.
Y completó: “La vigencia simultánea de regímenes específicos por especie animal -como los destinados a la ganadería ovina, caprina bovina y/o bubalina-, contribuyó a una fragmentación innecesaria de la política agropecuaria. Este abordaje disperso dificultó la construcción de una estrategia ganadera con visión integral y limitó la generación de sinergias entre sectores productivos complementarios”.
“Por todo lo expuesto, la derogación de las Leyes Nº 25.422; 26.141; 27.066 y 27.076 tiene por objetivo facilitar la transición hacia un enfoque más actualizado, coherente y sostenible“, cerró.
