Solo una propuesta había sido aprobada en la concesión, pero el Gobierno tomó la determinación de cancelar el proceso e investigar al único oferente.
El Gobierno nacional declaró nula la licitación para la concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná y acusó a una empresa de haber actuado ilegalmente, anunciando que presentará una serie de acciones ante la justicia y en instancias administrativas para investigar el proceso.
Según Manuel Adorni, vocero presidencial, la única oferta recibida fue la de la empresa belga DEME, la cual estuvo involucrada en denuncias relacionadas con la falta de transparencia, acciones legales y otras medidas que finalmente desistieron poco antes de la fecha de presentación de las ofertas.
Adorni subrayó que la Hidrovía es «una de las reservas hídricas más importantes del mundo» y la principal vía de exportación de Argentina, ya que transporta el 80% de los bienes exportados por el país. Destacó la necesidad de contar con un operador capacitado que cumpla con los «más altos estándares internacionales y el mejor precio».
Aseguró que el Gobierno se comprometió desde el inicio a realizar una licitación «transparente y competitiva», y recordó que uno de los requisitos era la cancelación de la licitación si solo se presentaba una oferta. Además, indicó que durante el proceso hubo «presiones» de sectores políticos, empresariales y mediáticos para modificar los requisitos técnicos, así como acusaciones sobre un supuesto direccionamiento a favor de Jan de Nul, la actual concesionaria de la Hidrovía, que finalmente no presentó una oferta.
El vocero también respondió a las impugnaciones de los posibles oferentes, señalando que la justicia validó el proceso licitatorio en tres instancias. Sin embargo, insistió en que la única propuesta formal recibida fue la de DEME, una empresa que previamente había presentado denuncias sobre falta de transparencia pero que desistió de participar como único oferente. Adorni resaltó que, aunque 11 empresas se habían inscrito y hubo consultas sobre la participación de más compañías, ninguna otra presentó una propuesta. Por esta razón, el Gobierno ordenó una investigación para determinar si DEME ejerció presiones sobre otros competidores o si existió una posible asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos.
El objetivo de la investigación será «aclarar los hechos ocurridos en el marco de esta licitación» y, en caso de encontrarse responsabilidades penales, se procederá con acciones legales por posibles intentos de fraude. Posteriormente, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, brindó detalles técnicos sobre la situación.
En cuanto a la apertura de sobres, la empresa belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME) fue la única en presentar una oferta concreta para la licitación de la Hidrovía, que es vital para el transporte del 80% de las exportaciones argentinas. Aunque 11 compañías se mostraron interesadas, finalmente solo DEME cumplió con las condiciones establecidas en los pliegos. La falta de competencia en el proceso generó suspicacias y acusaciones que llevaron a la conferencia de Adorni, quien señaló intentos de complicar la licitación.
Actualmente, el Estado se encarga de las tareas de dragado y balizamiento de la Hidrovía, subcontratando a Jan de Nul y Emepa, los antiguos concesionarios. La ausencia de Jan de Nul como competidor sorprendió en el sector, ya que se esperaba que participara en la licitación. En 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, se había lanzado una licitación internacional para el dragado, pero esta fue cancelada tras impugnaciones de oferentes como la danesa Rodhe Nielsen y la china CCCC Shanghai Dredging.
La nueva licitación emitida por el Gobierno de Javier Milei excluyó a las empresas estatales extranjeras, como la filial de la empresa china CCCC, lo que generó controversia. Algunos, como el expresidente Mauricio Macri, lamentaron que el gobierno actual no hubiera utilizado los pliegos que él había preparado para la licitación internacional.
La concesión en cuestión es clave para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización de la Vía Navegable Troncal (VNT) y las tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Hidrovía. El Gobierno nacional había anunciado en noviembre de 2024 el llamado a licitación para una concesión privada, con la intención de que el Estado ya no estuviera involucrado en la gestión y el mantenimiento. En el proceso también se contemplaba la implementación de radares y sistemas satelitales para el seguimiento de buques, así como medidas para combatir el narcotráfico y el terrorismo.
Finalmente, el Gobierno explicó que los pliegos de la licitación fueron el resultado de un trabajo conjunto con usuarios y provincias que utilizan la vía, y se establecieron condiciones como la profundización del tramo Timbúes-Océano a 39 pies, entre otras especificaciones.
